Buenos Aires, 2002.

UNIVERSITAR (1)
En defensa de la universidad pública


Raúl Courel

Decano de la Facultad de Psicología de la UBA
http://rcourel.blogspot.com.ar/



1. La esencia pública de la universidad.

2. ¿Ama el gobernante la educación, la ciencia y la cultura?.

3. Cambiemos la universidad.

4. Tres medidas para mejorar la educación.

5. Educación para hacer la República.

6. La universidad pública, hoy.

7. Posgrados para este país.

8. Sobre la universidad y su supeditación al mercado.

9. En defensa de la universidad pública.

10. Tomar examen.

11. Una reforma impostergable.

12. Gestiones nuevas para las universidades públicas.

13. Nuestro sistema de titulaciones requiere cambios.

14. El diploma universitario, algo más que un título nobiliario.

15. Nuevas carreras universitarias para crecer.



1. LA ESENCIA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD.

(Publicado en La Nación, sección Notas, 27/02/2002)

La razón y su uso público, que integran la esencia de nuestras universidades nacionales, fueron claves en la gestación de la modernidad. Era necesario que la razón se universalice convocando a todos los hombres a participar, libres e iguales, en la construcción de la nueva sociedad. El ejercicio independiente del intelecto, inspirado desde Descartes en el rigor de su propio método, era una base ineludible. Librepensador, el hombre moderno debía ser soberano y hablar en nombre propio, sin supeditar su reflexión a pensamientos heredados o impuestos ni a intereses privados o de los gobiernos.

Kant enseñaba que las mentes, para emanciparse de preferencias y anhelos particulares, necesitan la brújula del raciocinio puro. Se promovía así el uso público de la razón; público no porque lo ejerzan grandes masas de personas sino por la claridad universal de los argumentos. Su uso privado, en cambio, ata el juicio a las codicias de los ciudadanos o a los designios personales del príncipe. Tampoco se confunde la razón del libre entendimiento con la razón de gobierno.

En los fundamentos de nuestra organización nacional se encuentra el ideal laico de la Ilustración de fomentar, educación pública mediante, la libertad del pensamiento basada en la razón. Se presume que ésta da sus mejores frutos en el espacio público, permitiendo discernir con autonomía de opiniones arbitrarias, basadas en ilusiones subjetivas o conveniencias egoístas. Por eso hay una profunda paradoja en las políticas de gobierno que suponen que la modernidad es sobre todo resultado del interés privado. En esencia, ella requiere de espacios públicos a la vez que autónomos, donde las ideas puedan nacer y desarrollarse en plena libertad respecto de toda potestad exterior a aquello que la sola razón impone.

La tradición educativa afirmada en nuestro país ha tenido su papel en la formación del carácter libre y creativo de nuestros intelectuales. Si algunos de nuestros estudiantes compiten con éxito en el mundo, si aún sentimos en nuestro medio la efervescencia de pensamientos inquietos e inventivos, es porque la llama encendida por nuestros primeros estadistas todavía quema.

Cabe reconocer las secuelas de ese espíritu en el concepto de autonomía que impera en nuestras universidades nacionales. Éste es parte medular de la modernidad a la que el país pretende adscribirse. La universidad alberga el espíritu público de la razón universal, que rechaza la subordinación del intelecto a la obsecuencia, a otras miras menores y también a los designios de los gobiernos.

Estas ideas, caras a nuestros próceres, se pierden de vista cuando son los evaluadores de ventajas y riesgos económicos quienes forman la opinión pública sobre nuestras universidades, sin ponderar que en ellas se concentra el más extenso conjunto de probadas vocaciones académicas, indispensable para la construcción de un país soberano.

Se producen espejismos engañosos cuando se cuestiona el hacer de nuestras universidades nacionales con perspectiva de gerentes de empresas. Si se cree que las políticas educativas deben supeditarse a cálculos de costos y beneficios no se podrá esperar otra cosa que repetición del atraso y la oscuridad. Los buenos negocios no aseguran por sí solos los destinos de los pueblos.

Nuestro tiempo asocia de manera inédita el ansia de saber al afán comercial. El siglo de las luces, en cambio, se construyó con mucha menos fuerza económica y productiva que la hoy disponible en nuestra Argentina. El genio puede sobrevivir al frío y al hambre de la miseria, pero es incapaz de germinar en la pobreza intelectual. Nuestras tierras han conocido despotismos, aunque nunca ilustrados.



2. ¿AMA EL GOBERNANTE LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA?(2)

(Publicado con el título “Si el gobernante ama la cultura...”. La Nación, sección Notas, 27/10/1998)


En la mesa de gabinete, que el gobernante preside, el funcionario de educación y cultura, como es lógico, pide más presupuesto, mientras que el de economía, como es habitual, dice que no hay. Es el gobernante quien inclina la balanza, pero ¿por qué habría de resolver a favor del primero si los beneficios que producirían esos gastos parecen tan pequeños o lejanos comparados con otros?.

La cultura, la ciencia y el saber no se construyen cuando los hombres se limitan a buscar lucros o provechos cercanos. No es posible pintar un cuadro, empecinarse en resolver un complejo problema matemático, estudiar historia, reflexionar sobre la sociedad, investigar una enzima, escribir una poesía, una novela o un ensayo, si falta la mera satisfacción de hacerlo, antes aún que la expectativa de utilidad o rédito económico alguno. Del mismo modo, si en el gobernante falta amor al saber y a la cultura es poco probable que haya suficiente decisión para que las políticas de Estado lleguen realmente a elevar la educación, promover verdaderamente la ciencia y el arte, desarrollar la cultura y brindar, en fin, las condiciones adecuadas para que la inteligencia produzca sus mejores frutos. ¿Por qué otra razón habría de hacerlo el gobierno si los beneficios electorales y los réditos económicos se obtienen, al menos por ahora, de manera más rápida por otros medios?

Entre las condiciones personales que hacen de un gobernante un gran estadista hay algunas, infaltables, que no se dejan reconocer fácilmente. Sus habilidades para triunfar en batallas electorales pueden estar a la vista, pero no alcanzan. Es preciso que lleve el fuego de otros berretines, que tal vez se descubren explorando más su vida privada que la pública. ¿Qué hace el gobernante en sus ratos de ocio?.

Bolívar sin duda leía mucho, es sabido que recorría a lomo de mula el continente llevando consigo una actualizada biblioteca, mucho más voluminosa que su guardarropa. Sarmiento y Mitre escribían magníficamente, ¡y cuánto!. Para que el príncipe sea mecena del artista no basta con que tenga los medios, es preciso que sienta, incluso tal vez hasta la envidia, auténtica admiración por el talento, la belleza y la inteligencia, como Lorenzo de Médicis o el papa Julio II por Miguel Angel y sus obras.

Sólo si el gobernante siente la pasión del verdadero estudioso sentirá que es preferible, por ejemplo, en vez de gastar cien millones de pesos en banalidades (como sí sucede), hacerlo en formar en el máximo nivel a mil jóvenes investigadores para que den al sistema científico argentino una más amplia base. Sólo si ha experimentado en sí mismo y hasta la extenuación la efusión intensa de la lectura podrá resultarle intolerable que las bibliotecas no rebosen de libros al alcance de todos. Sólo si siente verdadero agradecimiento hacia los maestros que él mismo tuvo podrá hacer lo que sea preciso para que ellos no les falten a sus hijos y gobernados. Lo hará no sólo porque tiene la convicción de que esa es la base de cualquier futuro digno de ser querido, lo hará porque dentro de sí, en el tuétano de su ser y de manera irrenunciable, ama el saber, la ciencia y la cultura.



3. CAMBIEMOS LA UNIVERSIDAD (3)

(Publicado en “Psicología. Publicación mensual informativa”, Facultad de Psicología, UBA, Año 9, Nº 78, agosto de 1999)


La Universidad nacida de la Reforma de 1918 debe actualizarse, precisamente para asegurar y potenciar el alcance de sus principios. Es probable que no haya universitario que no piense que la Universidad de Buenos Aires necesita importantes cambios. La opinión pública se manifiesta en igual sentido. Nuestra Universidad así lo había entendido y dio algunos buenos primeros pasos, reflejados, por ejemplo, en el documento de Colón.(4) Quienes conducimos las Facultades, empeñados en mejorarlas, sabemos que es indispensable avanzar en todo el conjunto para facilitar e, incluso, posibilitar, mejoras fundamentales en cada uno de los lugares de nuestra vasta Universidad.

Dado el tamaño y la complejidad actual de la UBA, no es posible imaginar progresos reales sin planificar las acciones de manera sistemática y con nuevas metodologías. Se requiere organizar las tareas asegurando la representación de todos los sectores de nuestra extensa institución, con la colaboración de los mejores expertos en planificación universitaria. No será posible cambiar realmente nuestra casa si partimos del supuesto de que podemos hacerlo solos o teniendo en cuenta la perspectiva de solamente algunos. Contamos con funcionarios y técnicos con muy buenos criterios universitarios, pero nuestros procedimientos y sistemas de gestión no son aptos para operar en la escala que requiere la UBA actual. Nuestros parámetros organizativos son adecuados a la Universidad de algunas décadas atrás, más pequeña y menos compleja.

Para producir los cambios imprescindibles se requiere un planeamiento racional y multidimensional, que evite improvisaciones y que asegure la interconexión de las partes. Se deben utilizar al máximo los propios recursos, tanto intelectuales como materiales, pero también el aporte de los mejores asesores y técnicos que encontremos en el país y en el extranjero. Es cierto que nuestros medios económicos son muy escasos, pero si nos organizamos mejor y desarrollamos iniciativas y gestiones inteligentes podremos acceder a nuevas fuentes de financiamiento para avanzar.

Una transformación profunda de la Universidad de Buenos Aires requiere, por parte de ella misma, una política universitaria potente y decidida, capaz de consecuencias de importancia no sólo hacia su interior sino hacia las políticas de Estado en materia educativa. La autonomía de la Universidad respecto de cualquier poder o interés sectorial o gubernamental, económico, político, confesional u otros, debe ser plenamente ejercida para cumplir su misión de llevar el conocimiento tan lejos como la inteligencia y la ética sean capaces de ir. Por eso nuestra Universidad es pública, porque en ella se cultivan la razón y la ética, que son públicas por su carácter universal, no supeditado a beneficio privado alguno. Este principio, asiento último de toda buena política universitaria, asegura la formación de la juventud para hacer las ciencias, desarrollar y aplicar las tecnologías, cultivar las artes, afirmar la cultura y discernir en todo aquello que permita al pensamiento, la creatividad y el accionar humano lograr sus más altos resultados.

La Universidad pública debe tener muchos alumnos, pero ofreciéndoles opciones formativas mucho más diversas, capaces de atender las reales necesidades educativas de cada uno. No disponemos ahora del listado completo de títulos universitarios que la UBA debería y podría ofrecer, por eso es preciso crear rápidamente la unidad técnica que haga los estudios pertinentes, teniendo en cuenta los recursos académicos disponibles, los distintos avances científicos y disciplinarios y las aceleradas transformaciones del mundo laboral.

En nuestra Universidad se dicta un elevado número de cursos, en una extensa variedad de disciplinas, que pueden complementarse y combinarse de diferentes maneras para formar parte de nuevos currículos y planes de estudio, tanto de grado como de posgrado. Para un planeamiento curricular integral es indispensable disponer de una base de datos que permita procesar, con facilidad y economía, toda nuestra oferta de enseñanzas, actual y potencial, incluyendo programas, bibliografías, docentes, modalidades pedagógicas, etc. Hoy no sabemos con precisión la extensión que debe tener cada una de las carreras que dictamos y establecerlo requiere tareas que no se hacen de un día para otro. Entre otras cosas, necesitamos mecanismos para evaluar en toda la Universidad, de manera sistemática y continuada, las relaciones entre los distintos planes de estudios, los perfiles profesionales que corresponden a los títulos de salida y los requerimientos provenientes del mundo laboral de hoy, así como los que se anticipan para el futuro. Tomemos ya mismo la decisión de poner a trabajar en ello a todos los técnicos de que disponemos coordinando bien el trabajo.

Son numerosas las acciones a realizar y sin duda varias de ellas necesitarán de condiciones externas a la UBA para ejecutarse. No obstante, lo medular de una reforma que se quiere de verdad no tiene que esperar cambios exteriores para empezar a producirse. El ímpetu necesario sólo puede provenir de la independencia respecto de las inercias que acostumbran al atraso. Es preciso que el debate de las políticas universitarias adquiera la dimensión de las grandes pasiones colectivas. La reforma es un acto fundamental de política universitaria, imposible sin el real compromiso de muchos y sin el desinteresado desprendimiento respecto de fines menores. No se genera lo que hace falta resignándonos a las limitaciones que ocasiona la desprotección en que el Gobierno sume a la educación. La verdadera fuerza transformadora es libre de condiciones adversas, ellas no le hacen mella, por el contrario, la estimulan.



4. TRES MEDIDAS PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN (5)

(Publicado en La Nación, 26/05/2000)


Es un hecho que los atrasos de nuestro país en materia de educación no se solucionan de un día para otro. Harán falta varios años de trabajo perseverante en todos los niveles del sistema educativo para que nos encontremos en situación comparable, por ejemplo, a la de la mayoría de los países del hemisferio norte.

Es habitual que pensemos que el problema es económico. Entendemos, y con razón, que sin inversiones mucho mayores que las actuales no será posible progresar realmente. No obstante, hay medidas capaces de producir grandes beneficios sin demandar gasto nuevo alguno. Sólo bastaría claridad acerca de su utilidad y decisión política para implementarlas.

Por ejemplo: hay tres disposiciones muy sencillas y fáciles de hacer cumplir en todo el conjunto del sistema educativo, tanto público como privado, agrupado, para simplificar, en tres niveles: primario, secundario y universitario.

La primer disposición exigiría que en el nivel primario, en todas las escuelas del país, se garantice que todo alumno, sin excepción, lea al menos un libro entero por año, y haga, al menos una vez, comentarios verbales sobre él en el aula.

La segunda disposición requeriría que en todas y cada una de las materias del nivel secundario también se asegure la lectura de al menos un libro entero por año, agregando la obligación de escribir algo acerca de él, en la forma, por ejemplo, de las más comunes composiciones.

La tercera disposición correspondería a las universidades: exigiría que en todos y cada uno de sus cursos, en cualquier carrera, sin excepción, el estudiante presente al menos un texto escrito, de al menos cinco páginas, que guarde las formas de los trabajos escritos universitarios, con resumen, palabras claves y referencias bibliográficas de al menos tres fuentes.

Ninguna restricción debería imponerse a los modos de cumplir con estas tres exigencias. Que los libros, mientras sean eso y no otra cosa, se elijan con libertad. Que los comentarios, mientras sean hablados o escritos en castellano, digan lo que cada alumno piense al respecto. Que los escritos universitarios, mientras sean pertinentes a la materia y respeten las normas aceptadas de presentación de textos universitarios, sean sobre temas elegidos con toda independencia.

No importa si en la escuela o colegio el alumno no lee en el año una sola página más que el libro obligado, o si en cada curso universitario el estudiante no agrega una letra más a las que entran en las cinco páginas, ni una referencia más a las tres irremediables. El impacto de estas medidas residiría precisamente en su cumplimiento universal, facilitado por la extrema simplicidad de su concepción, de su formulación y de su implementación.



5. EDUCACIÓN PARA HACER LA REPÚBLICA.(6)

(Publicado en La Nación, sección Notas, 22/11/2001)


La educación es una obligación del Estado, entre otras razones, porque es indispensable que los ciudadanos hayan sido instruidos para hacer funcionar la República, esto es: la cosa pública. El principal libro de texto para esta tarea es la Constitución, pero no se trata de estudiarla de memoria ni de recitarla, sino de llevarla a la práctica, y no sólo en las tribunalicias y otras oficiales sino en las de una extensa multitud de organizaciones civiles.

La carta magna enseña que para cumplir los objetivos que enuncia su preámbulo, a saber: “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad ...”, es necesario un correcto y equilibrado funcionamiento de tres poderes claramente diferenciados: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Para que eso sea posible es indispensable que los ciudadanos hayan aprendido, entre otras cosas, a representar a los demás, a asumir responsabilidades de servicio público y a hacer valer derechos que están por encima de las conveniencias personales. Eso no se logra escuchando lecciones o prédicas, sino ejercitando, de manera habitual y desde muy temprano, formas y procedimientos que se corresponden con el concepto cardinal de la división de poderes, en actividades que van desde las lúdicas infantiles a las propias de un sinnúmero de organismos de la vida colectiva.

Desde el inicio de su educación formal, los niños deberían participar en centros o clubes escolares cuya organización más elemental estatuya las siguientes instancias: un cuerpo de representantes o delegados, encargados o mandatarios ejecutivos de las tareas a las que se abocaren, y evaluadores o jueces propios para ponderar críticamente la marcha de las cosas y dirimir en los comunes entuertos internos que se producirían.

Así como el Estanciero y el Monopolio enseñan a acumular riqueza, el tenis a competir individualmente, el fútbol a hacerlo colectivamente y el truco a sacar partido de no tener nada, en tales centros o clubes los infantes aprenderían las reglas y se harían duchos en delegar responsabilidades y en velar por su cumplimiento, en asumir encomiendas y en rendir cuentas de ellas, en someterse al arbitraje de sus pares y también en ejercerlo. Cada alumno, además de estudiar las materias habituales, tendría que practicar el debate parlamentario con sus correspondientes normas, el manejo responsable de pequeños dineros de propiedad colectiva, la toma de decisiones y la planificación, desarrollo y acompañamiento de iniciativas que involucren tanto a próximos como a lejanos.

Una disposición de rango nacional podría establecer que todas las escuelas y colegios, públicos y privados, posean como actividad extracurricular obligatoria la participación en un centro, club, ateneo o sociedad estudiantil con las características señaladas. El Ministerio de Educación distribuiría el esquema genérico de sus estatutos o reglamentos, contemplando la estructura y elementos básicos de la misma Constitución de la Nación.

La formación de una dirigencia política mejor preparada para gestionar las instituciones de la República es solidaria de la de toda la ciudadanía, y tiene que comenzar junto al aprendizaje de las primeras letras.



6. LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, HOY.(7)

(Publicado en La Nación, sección Notas, 12/1/2001)


En el fondo, el principal problema que tenemos para darnos una adecuada política universitaria es la frecuente confusión acerca de qué son las universidades en el mundo moderno. Por una parte está la generalizada coincidencia sobre la necesidad de poner al día el sistema universitario, asegurando estándares científicos y académicos más acordes con los internacionales y formar profesionales con perfiles más flexibles y diversificados e, incluso, en mayor número. Lamentablemente, las estrategias que se proponen suelen partir de un error fundamental: considerar que las universidades son empresas económicas u órganos de gobierno como cualquier otro.

Este desacierto está en la base de dos ideas que hoy se difunden en la opinión pública. Una es que nuestras universidades nacionales son empresas ineficientes que administran mal sus recursos, como las empresas estatales de las que nuestros sucesivos gobiernos se vienen desembarazando. La otra es que, en vez de dedicarse a sus tareas específicas, se dedican a hacer política. La consecuencia es que un número cada vez más extenso de ciudadanos cree que nuestras universidades públicas son lastres económicos u organismos poco confiables, y que lo mejor sería rematarlas.

Estas ideas no se compadecen con el hecho de que una universidad como la de Buenos Aires, por ejemplo, con sólo el 3,2 % de la inversión del tesoro nacional en ciencia y tecnología sostiene el 20 % de los investigadores del país y genera el 29,1 % de las publicaciones científicas argentinas y el 10 % de las de Sudamérica. Tampoco son congruentes con el dato de que cada uno de los estudiantes de esta misma universidad cuesta sólo unos 1300 pesos anuales, a diferencia del promedio en el país que ronda los $2000, o del de Harvard, donde ese costo supera los $70.000. Ninguna corrección a estos indicadores mostraría a la UBA menos eficiente que cualquier otra universidad del mundo, y sin duda ninguna universidad privada de este país produce proporcionalmente tanto con tan poco.

Pero el quid de la cuestión es otro. Las universidades no son empresas económicas porque sus fines no son producir ganancias económicas, al menos nunca de manera directa. Si bien ellas alimentan con ciencia y tecnología la producción de bienes y servicios, está demostrado que dan sus mejores frutos cuando las anima la búsqueda de la verdad y no la del lucro. Con este criterio funcionan las mejores universidades del mundo, que promueven la investigación básica no menos que la aplicada y que conceden la máxima libertad para investigar sin urgir réditos monetarios. Éste es el primer sentido que tiene el principio de autonomía universitaria en este tiempo de auge del capitalismo; el segundo, no menos importante, es el que libera a las universidades de restricciones políticas o gubernamentales, incluso cuando son públicas.

Las universidades no son organismos de gobierno en tanto no están hechas para mandar, ni para legislar, ni para impartir justicia. Sí lo son en la medida en que las ciencias, las tecnologías y los saberes que ellas enseñan predominan en la sociedad contemporánea, “gobernando” su funcionamiento. No obstante, las tareas específicas de las universidades se distinguen nítidamente de las de gobernar. Por eso los Estatutos Universitarios conceden a quienes efectivamente se dedican a ellas - los integrantes de la comunidad universitaria: los doctos y estudiosos - y sólo a ellos, la potestad de elegir con plena autonomía tanto sus regímenes de funcionamiento como sus autoridades.

Claro que hay política en el interior de las universidades, como la hay en todo organismo social. Pero la que se desarrolla en ellas es muy especial, con aspectos esenciales no comparables a los propios de otras instituciones. En tiempos cercanos, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires infringió gravemente disposiciones del Consejo Superior, sin embargo, este cuerpo no dispuso su intervención. El debate fue arduo; por un lado la necesidad de que las distintas partes de la Universidad se cuadren a su propio gobierno, por otro, el acendrado respeto a las únicas autoridades de una Facultad que gozan de legitimidad estatutaria: las elegidas por sus claustros. A mi modo de ver, fue decisivo el hecho de que la Universidad, por ser tal, está siempre más inclinada al razonamiento y a la explicación que a la fuerza y a la imposición. El resultado no fue malo, por el contrario, fue la propia Facultad de Medicina, en el estricto marco de las normas institucionales, la que optó, libre y democráticamente, por compaginar su organización académica con las del resto de la Universidad.

Bien le vendría al país el más vigoroso apoyo a nuestras universidades públicas. El Estado no parece capaz por ahora de incrementar nuestros escasos medios, pero no debe cometer el error de reducirlos aún más, por razón análoga a que en ningún caso se debe dejar isquémico al cerebro. No se ahorra en sobrevivir.

Vengan las empresas a construir aulas, bibliotecas y laboratorios, vengan a fortalecer nuestros hospitales, editoriales y sistemas informáticos, vengan a premiar los talentos y esfuerzos, verán que sacaremos el jugo de esos dineros mejor que nadie. Simplemente porque en nuestras universidades públicas se concentra la mayor masa de inteligencia con que cuenta el país, que ha demostrado con creces que persiste en hacer docencia, investigación y extensión universitaria con las gratificaciones económicas más exiguas. ¡Vaya si lo ha demostrado!.



7. POSGRADOS PARA ESTE PAÍS.(8)


Una función estratégica principal de la universidad pública argentina es la formación de las inteligencias en las fronteras más avanzadas del pensamiento, de la ciencia y de las tecnologías. En nuestro país devastado por la pequeñez de perspectivas que vienen orientando a nuestros gobiernos, nada es más urgente que incrementar substancialmente el número de ciudadanos que no sólo se desempeñan con solvencia y eficacia en los exigentes y competitivos cánones del mundo laboral de hoy, sino que se valen de la más verdadera libertad, que no es la libertad de lucrar sino la de pensar con autonomía de criterio, indispensable para construir un país único y singular, el nuestro, no uno que sueñe con parecerse a Estados Unidos, a Francia, a Canadá, a España o a Australia. No una Argentina que se solaza en exceso encontrando en Buenos Aires las cabinas telefónicas de Londres, vistiendo ropa traída de Italia o psicoanalizándose en Francia.

Sin la libertad que libera de ser simulacro o calco de aquello que no somos, falta el sostén de cualquier vida que merezca ser vivida con orgullo, y bien cabe también la expresión de Monlau: “Claro es que sin libertad no habría responsabilidad, ni, por consiguiente, moralidad en los actos; etc.”.(9)

Un economista como Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, decía textualmente hace unos días en una nota referida a la Argentina aparecida en el diario La Nación: “Los que hicieron las reformas de mercado se concentraron en reducir el tamaño del Estado, pero se olvidaron del papel del Estado en aumentar la capacidad tecnológica del país ... Un sistema de mercado que funcione bien ayuda a atraer inversiones en alta tecnología y promueve la formación de empresas nacionales de ese sector. Sin embargo, una economía de alta tecnología necesita también universidades fuertes, con altos índices de matriculación y un apoyo a gran escala del gobierno para la investigación científica”. Agrega también: “la Argentina no ha hecho una transformación exitosa de una economía basada en tecnología. Las reformas que se aplicaron ayudaron a acabar con la inflación, pero ignoraron la necesidad del gobierno de promover una economía basada en el conocimiento”.(10)

Necesitamos con la mayor urgencia alimentar el cerebro de nuestro país y desarrollar su lucidez, asociándonos con los otros del mundo para hacer aquello que no podemos hacer solos, pero sin confusiones, advirtiendo que la lógica pura del mercado sólo garantiza la ventaja de quien tiene el mayor poder de compra, nunca el interés del socio pobre. De otro modo el peso será el dólar, Aerolíneas será Iberia, el castellano un mal inglés plagado de latinismos y nosotros ciudadanos sin patria propia porque la tendremos por adopción.

Un decano colega, cuya agudeza admiro, subrayaba hace poco que las universidades nacionales argentinas son el último espacio público que resta en este país, todavía sin un proyecto independiente a la vez que integrado al mundo, que entusiasme las voluntades y que dé a esta única vida que cada uno de nosotros tiene, y a la de nuestros hijos, que queremos ver en nuestra tierra, no emigrando, la alegría de hacer lo nuestro, no lo ajeno.

Esta universidad congrega la masa intelectual de mayor envergadura con que cuenta esta Nación, que ha demostrado con creces su capacidad de hacer mucho con casi nada. Hace falta potenciar sus alcances, alimentarla con los últimos desarrollos en nuestras disciplinas, poner a trabajar a nuestros graduados para que participen aquí de la más activa fábrica de ideas, conocimientos e instrumentos de transformación, aptos y potentes para que sirvan a nuestra sociedad y en nuestro territorio. No encontremos en este bello edificio parecidos con universidades del extranjero, sino el trabajo de nuestra propia gente. Antes que las meritorias capacidades y logros de hombres lejanos, valoremos los no menos meritorios de los más cercanos, porque no faltan los mejores ejemplos.

Las Facultades de Ciencias Económicas y de Psicología aquí dejan de ser conjuntos cerrados, más que juntarnos, nos abrimos, y no somos nosotros sino es la misma Universidad de Buenos Aires la que se abre. Son la vitalidad y la energía que salen del interior de esta querida universidad las que rebasan los viejos moldes napoleónicos de nuestra organización actual. Empiezan a superarse fronteras y a acortarse distancias, hoy en este espacio común, muy pronto en los proyectos académicos. Nuestras estrategias de desarrollo buscarán complementar entre sí, con los criterios curriculares más modernos, la rica heterogeneidad de enseñanzas que nuestras facultades están en condiciones de ofrecer a la sociedad. No será sólo el posgrado lo potenciado, el grado deberá alimentarse con lo que aquí produzcamos y los doctorados y maestrías avanzarán en una buena amalgama con nuestro sistema de investigaciones.

Agradezcamos y felicitemos a los funcionarios y empleados que han trabajado poniendo todo de sí para que las cosas estuvieran a punto, y dediquémosles el resultado a los estudiantes, que son sus verdaderos destinatarios porque son el futuro.



8. SOBRE LA UNIVERSIDAD Y SU SUPEDITACIÓN AL MERCADO.(11)


El universitario del mundo moderno es en buena medida reconocido por su relación a saberes cuya construcción se quiere rigurosa, estrictamente hablando: científica. Precisamente, la universidad actual es una institución fundamental de la sociedad por medio de la cual el saber de las ciencias oficializa su predominio. Ello se afirmó con la filosofía positivista en el siglo pasado y se ha extendido en nuestro tiempo.

Las ciencias, asociadas a escala planetaria con la vigencia de políticas que apoyan la más amplia sujeción a las leyes económicas del libre mercado, produjeron transformaciones cruciales en el mundo. La extensión de la función del valor de cambio - del “precio”, en fin - afecta profundamente tanto las condiciones de producción como los dispositivos y modos de calificación del saber científico. Se alienta así el imperativo que cae sobre las universidades de asumir papeles líderes en la generación de valores de cambio.

Hoy pocos discuten que la formación científica y profesional que ofrecen las universidades debe posibilitar que el precio en que se cotice el trabajo de sus graduados sea elevado. Obsérvese que el valor de los títulos universitarios en los mercados laborales adquiere progresivamente mayor importancia en la obtención de recursos para financiar las instituciones que los otorgan. La disponibilidad de préstamos bancarios para realizar estudios universitarios de grado y posgrado en los Estados Unidos, por ejemplo, hoy no tiene otra frontera que la fijada por el cálculo de su amortización con los retornos que las inversiones en ellos devengaren.

Como se advierte, a medida que el mundo se unifica bajo las leyes del mercado, el valor que se atribuye al saber tiende a reducirse a su precio. En estas circunstancias, nuestras universidades se encuentran con una paradoja: para sostener buenos niveles académicos deben regular sus planes atendiendo a cotizaciones mercantiles que, en esencia, no requieren tener en cuenta valores estrictamente académicos. De este modo, en el concepto de “formación de alta calidad”, se confunde la aspiración a extender las fronteras del saber con el propósito de lograr los mejores valores de venta en el mercado.

Lo referido influye sobre los criterios y mecanismos de evaluación de las actividades docentes y de las investigaciones que se llevan a cabo. La valoración económica del saber afecta en forma cada vez más decidida el nacimiento, el desarrollo y el futuro de las más diversas enseñanzas y actividades universitarias, condicionando prácticamente todas las estrategias para elevar los estándares de capacitación científica y profesional. Se vuelve así normal y corriente que los gobiernos apremien la revisión y actualización de los sistemas educativos atendiendo a estos parámetros.

Sigue igual criterio la promoción de áreas de formación no contempladas en los currículos tradicionales, que se respalda con cada vez mayor exclusividad, en indicadores de potenciales beneficios económicos. Con igual perspectiva se incorporan sistemas de gestión, organización y funcionamientos que perfeccionan la adecuación a los nuevos estándares. Asimismo, la tecnificación informática, que facilita los intercambios académicos y científicos en redes e integra los sistemas de elaboración y de circulación del saber en el mercado globalizado de conocimientos, se desarrolla según los parámetros que la lógica mercantil impone.

Conviene ponderar también los efectos desfavorables de la aplicación de iguales estándares en la evaluación de las universidades de cualquier país, sin tener en cuenta sus particulares condiciones económicas, sociales y culturales. Las propuestas de evaluaciones externas de nuestras universidades suelen responder al objetivo último de calcular los límites estructurales de desenvolvimiento en los nuevos contextos económicos globales. La elaboración de las pautas que se aplican carga sobre sí la delicada responsabilidad de estimar de manera apropiada las singularidades regionales. El punto es fundamental porque afecta al reconocimiento de las ventajas comparativas que cada región ofrece al conjunto para el desarrollo de estudios particulares, difícil de llevar a cabo sin abandonar una excesiva sujeción a parámetros únicos de comparación.

En lo que respecta a la Universidad de Buenos Aires –nuestro referente inmediato- subrayemos su ubicación en un sector del globo donde no son habituales las más altas cotizaciones del mercado. No obstante, ella se ha mostrado, y se muestra, capaz de formar científicos y profesionales de primera línea, internacionalmente reconocidos como tales. Al mismo tiempo, ella puede explotar mejor sus posibilidades de sobresalir en áreas en las que nuestro país tiene potencialmente ventajas comparativas y que aún no han sido suficientemente fomentadas. La psicología es un buen ejemplo de ellas, debido a que puede desarrollarse fuertemente, sin insumir costos elevados, con grandes beneficios para el país y con posibilidades de obtener rápidamente importantes reconocimientos en el contexto internacional. La posibilidad de llevar adelante políticas de esta índole supone una mayor atención y valorización de las particularidades de las distintas regiones en las pautas de evaluación de las distintas actividades universitarias.

Por último, debido a que en la vida universitaria se anudan las dimensiones académicas con las políticas, y a que la universidad actual no es escolástica ni contemplativa, las cuestiones éticas son ineludibles para considerar la significación y las consecuencias de la actividad universitaria en la sociedad. Hoy los universitarios somos interpelados a nivel ético, por ejemplo, respecto a las distintas implicaciones del dominio que las tecnologías ejercen en la cultura y en la vida social. Nunca antes se habían dejado sentir con tanta claridad las contradictorias consecuencias que tiene la atadura contemporánea del saber a las leyes económicas. Dar respuesta a la proliferación de interrogantes que de aquí se derivan es una de las tantas tareas que apremian a la inteligencia de nuestra época. En estos temas, cruciales en la inserción de la universidad en la sociedad actual, se advierten las dimensiones más actuales de nuestros compromisos.



9. EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.(12)


Estamos aquí para dar inicio al funcionamiento de un espacio que ha creado el Consejo Directivo para atender a la necesidad de nuestra comunidad académica de elaborar ideas y posiciones en relación con la situación de nuestra Universidad, y de las Universidades nacionales y públicas, en este momento tan difícil de la vida del país. La grave situación hace indispensable que dispongamos de nuevos dispositivos colectivos e institucionales para encarar nuestro accionar futuro.

Estamos en una Universidad que está cumpliendo 180 años de existencia. Dentro de esa larga historia, remontémonos por un instante a 1918, año en que nace verdaderamente el espíritu que tiene todavía esta Universidad de Buenos Aires, en lo que conocemos como la Reforma Universitaria del 18. Mencionaré lo esencial, porque tiene vigencia hoy y porque la tendrá siempre que se trate de la Universidad, que es el principio de la autonomía universitaria, muchas veces atacado sin comprender de qué se trata.

Autonomía universitaria no quiere decir libertad de hacer lo que se le dé la gana a cualquiera que esté en la Universidad. Este principio fundamental señala la necesidad de que el espacio donde se produce el saber y se forman los profesionales, los científicos y los intelectuales, debe preservarse de injerencias externas que desnaturalicen su esencia.

La importancia de aquella histórica reforma reside en que había que salvaguardar la libertad de la inteligencia respecto de los intereses particulares, e incluso de los intereses de los gobiernos. La universidad debía ser autónoma para tener docentes elegidos por criterios académicos y no por el dedo de autoridades exteriores a la vida propiamente universitaria. La universidad pública, para cumplir adecuadamente con su función, se debe gobernar con independencia de cualquier tipo de interés privado o sectorial. No es bueno para el país, por ejemplo, que el desarrollo de su sistema universitario dependa de los vaivenes de la economía. No lo es porque de ningún modo la universidad tiene que atender sólo a lo que resulte rentable. Por esta razón principal es que sostenemos que las actuales políticas estatales son insuficientes para cuidar y cultivar la inteligencia de nuestra sociedad.

En países latinoamericanos cercanos se puede ver la triste subordinación de los planes y conducciones universitarias a los más pedestres intereses empresariales de los directorios de universidades privadas. Nada tenemos contra las universidades privadas, muchas de ellas son buenas y contribuyen al país. Pero no pervirtamos la función social y cultural de la universidad supeditándola a los intereses del mercado. En un país pobre como el nuestro es fácil decir que primero hay que dedicarse a cosas más urgentes, para después, cuando hayan más recursos, atender a la formación de la gente y al desarrollo de la ciencia y del conocimiento. No creemos eso, por el contrario, pensamos que no hay desarrollo posible para el país si su inteligencia no se cultiva con el rigor que sólo la autonomía de la universidad puede asegurar.

Necesitamos, entonces, defender una universidad autónoma, cuyas estrategias de planeamiento y de conducción no estén supeditadas a las conveniencias del mercado. No defendemos una corporación sino una institución esencial de la república. Se juegan acá cuestiones vitales para el futuro del país. Este es uno de los pocos espacios públicos que aún subsisten en nuestra sociedad donde puede haber desarrollo libre del pensamiento.

No enfrentamos problemas livianos que pueden superarse fácilmente. Los tiempos exigen el debate y la Universidad debe ejercer plenamente su capacidad de reflexión. Tenemos que prepararnos en muchos niveles para defender la Universidad en un período prolongado de tiempo y para hacerlo necesitamos que la Facultad se mantenga abierta, con nuestros alumnos y docentes en las aulas. Debemos hacerlo, además, cuidando el funcionamiento institucional. Las asambleas y reuniones que se realizan libremente en distintos sectores de nuestra comunidad muestran cuánta preocupación y celo por la Universidad hay entre nosotros. Todo este movimiento debe cerrar filas alrededor del gobierno de la Facultad, elegido por sus claustros, según lo dispone el Estatuto Universitario. Es fundamental que aquellos que no se sienten representados por las actualidades autoridades universitarias no confundan la defensa de la normatividad de la institución con la de su ocasional gobierno.

Debemos funcionar conforme a las disposiciones del Estatuto Universitario, su defensa es la misma que la defensa de la universidad pública, porque él establece un sistema de gobierno que asegura su autonomía. Seguramente el Estatuto Universitario es perfectible, pero será la propia comunidad universitaria la que lo modifique. Este gobierno de la Universidad, incluyendo al de esta Facultad, han resistido sin claudicaciones, incluso en acciones ante el Poder Judicial, las pretensiones de que adecuemos nuestra norma fundamental a los criterios de una ley de educación superior que no estuvo a la altura de las necesidades del país.

Como es nuestra obligación promover la activa participación de toda nuestra comunidad académica en el análisis de la situación, en la elaboración de propuestas y en la implementación de acciones, una de las resoluciones del Consejo Directivo es la creación de esta cátedra abierta en defensa de la Universidad pública. Necesitamos de este nuevo dispositivo que será, como dice el texto de la Resolución, “un espacio semanal de reflexión que convoque a la participación de docentes y estudiantes para discutir propuestas acerca de la Universidad que necesita la Argentina sin perder su condición de estatal, pública y gratuita” (Resolución (CD) Nº 798). Por último, necesitamos también de la amistad entre los universitarios para hacer las tareas que tenemos por delante, que son muchas y complicadas.

La clase inaugural la dará el profesor José Töpf, uno de nuestros profesores más comprometidos con la Facultad en toda su historia. Él la conoce como nadie y nos ha parecido que era de entre nosotros el hombre indicado para dar esta primer clase. Le cedo entonces la palabra.



10. TOMAR EXAMEN.(13)


La primera obligación del docente universitario es enseñar bien. La segunda, igualmente ineludible, es tomar examen evaluando bien al alumno. Con frecuencia, el docente encuentra ingrata esta tarea. No le gusta, dice, la posición de juez, reconociendo que prefiere disfrutar de ser solamente un generoso dador de conocimientos.

La exigencia de examinar lo aprendido por el estudiante proviene de que las universidades no sólo instruyen sino otorgan títulos, que acreditan capacidades y habilitan legalmente para desempeños laborales. De este modo, cada vez que aprobamos a un alumno en un examen, decimos oficialmente a la sociedad que esa persona merece confianza en lo que concierne a aquello que hemos evaluado. Por lo tanto, el compromiso de “dar fe pública” de las calificaciones de alguien en una disciplina es asumido por el docente desde el momento en que se hace cargo de sus funciones. No es lo mismo cuando se enseña en una institución que no da títulos, en ella sí podemos darnos el gusto de enseñar sin tantos requerimientos burocráticos y formalidades.

En la universidad no se trata, sin embargo, sólo de imposiciones administrativas. Aunque cada materia aprobada es un paso más hacia el reconocimiento de una adecuada competencia en determinada disciplina, en el caso de la psicología se requiere una altísima responsabilidad social y humana, cualquiera sea la especialidad elegida. Por eso no podemos hacer buena docencia sin tener en cuenta dimensiones éticas. Debido a que la primera enseñanza la da el ejemplo, hay que empezar por las responsabilidades del propio docente en todo aquello que le concierne como tal.

Tomar bien un examen no es sólo medir cuánto de un programa ha aprendido un estudiante, aunque sea indispensable tomar esta medida (poner “la nota”). El buen examen permite al evaluado tomar conciencia del real estado de sus conocimientos y apreciar, además, el grado de responsabilidad con que asume la carrera en la que aspira a graduarse. Como se advierte, el examen no es accesorio ni secundario para la enseñanza. Por el contrario, es el momento de las relaciones entre docente y estudiante en el que se pone en evidencia la realidad de lo hecho por ambos. Imposible no darle la mayor importancia.

Es conveniente, en consecuencia, prestar mucha atención a nuestro sistema de exámenes, sin olvidar, además, que son varios los aspectos que requieren evaluación. Cabría estudiar, por ejemplo, los problemas que se generan cuando los alumnos son examinados por el mismo docente que les enseñó. Hemos notado que algunos se olvidan de evaluar qué aprendió el alumno del programa oficial de la materia, anteponiendo los temas de su propio y personal interés. Los exámenes orales siempre deberían tomarse con el programa en la mano. Por otra parte, es deseable que cada profesor estudie con detenimiento qué capacidades debería evaluar por escrito y qué otras en forma oral.

Las notas ofrecen varios temas para reflexionar. ¿Tienen los docentes de distintas cátedras, y aun de la misma, parámetros similares para calificar a los alumnos?. ¿Es comparable el seis o el ocho de una materia con el seis o el ocho de otra?. ¿Es conveniente que si una cátedra es académicamente más exigente que otra vea reducirse el número de alumnos que la cursan y disminuido el número de integrantes de su equipo docente?.

Otro tema a considerar son las consecuencias en las evaluaciones si el docente que ha dictado un curso examina a sus alumnos por sí solo o con la concurrencia de otros docentes. La constitución de las mesas examinadoras por varios profesores permite que la relación docente - alumno en la evaluación no deje al margen la consideración de las intenciones educativas del programa, que siempre van más allá que las de cada docente, y que deben responder a los objetivos establecidos para la materia en el plan de estudios.

Podemos analizar, entre otros asuntos, la conveniencia de tomar “exámenes de integración”, que permitan evaluar el estado de preparación general y no sólo conocimientos circunscriptos a una materia. Actualmente damos por supuesto que el estudiante integra suficientemente sus aprendizajes por sí solo, pero no sabemos si eso alcanza para que se desempeñe con el mínimo de idoneidad exigible en el comienzo de la actividad profesional. Por otra parte, tal vez nuestros exámenes estén demasiado lejos de las realidades laborales. No es usual que en un examen se ponga al estudiante ante situaciones de la práctica profesional para evaluar con qué criterios y de qué manera se maneja; no se le pide, por ejemplo, que ensaye un diagnóstico presuntivo bien fundamentado ante material clínico concreto. Tampoco se suele apreciar si el estudiante ya sabe en qué orden se ponen los datos de un libro en la bibliografía de cualquier monografía.

Por último, si el examen nos pone frente a la realidad de lo aprendido, sin tapujos, también nos muestra con claridad los alcances y límites de nuestras enseñanzas. Revisemos con mucha atención tanto nuestro sistema de exámenes como nuestras maneras de tomarlos.



11. UNA REFORMA IMPOSTERGABLE. (14)


Las universidades nacionales argentinas han resistido en la última década los embates de una política educativa que, entre otros desaciertos, ha menospreciado la función que la comunidad universitaria puede y debe tener en la construcción de un país mejor. Puede, porque en ella trabaja el conjunto más extenso de inteligencia reconocida de esta Nación. Debe, porque si el futuro de la ciencia y de la cultura en esta tierra no cuenta con sus raíces propias, tirará el agua de la bañera con el bebé adentro, condenando nuestro pensamiento a ser completo apéndice de lo que venga del centro del mundo.

El gobierno anterior operaba con la premisa de que el grueso de nuestros universitarios poco sirve a la modernidad globalizada. Confundía el hecho de que la Universidad debe enriquecerse en una muy ágil interacción con los mejores centros del extranjero, con el concepto - que, a mi juicio, no descarta fuentes neuróticas - de que lo bueno está siempre lejos. No es sólo psicología, el planeta se ha convertido en una red de intercambios más fluidos, democráticos y horizontales, pero también ha producido una homogeneización de paradigmas en la civilización que honra en exceso algunas ideas bastante gansas, por ejemplo: la de que aquello que no vale buen dinero es, en definitiva, secundario y prescindible. El tesoro intelectual y cultural de la Argentina todavía no cotiza en bolsa, pero no faltan yuppies que lo proponen.

La comunidad universitaria espera de las nuevas autoridades nacionales un decidido compromiso con políticas educativas adecuadas a la envergadura de lo que está en juego, pero sabe que deberá corresponder a ellas con nuevas iniciativas y mucho trabajo. El estado de cosas no nos promete menos esfuerzos sino, por el contrario, nos obliga a pasar la prueba, ya no de aguantar, sino de demostrar la mayor capacidad académica y fuerza transformadora.

La Universidad nacida de la Reforma de 1918 debe actualizarse, precisamente para asegurar y potenciar el alcance de sus principios. Es probable que no haya universitario que no piense que la Universidad de Buenos Aires, entre otras, necesita importantes cambios. La opinión pública se manifiesta en igual sentido. Quienes conducimos sus Facultades, empeñados en mejorarlas, sabemos que es indispensable avanzar en todo el conjunto para facilitar e, incluso, posibilitar, pasos fundamentales en cada uno de sus lugares.

Dado el tamaño y la complejidad actual de la UBA, no son posibles progresos reales sin planificar las acciones de manera sistemática y con nuevas metodologías. Se requiere organizar, con la colaboración de los mejores expertos en planificación universitaria, la participación de los distintos sectores de nuestra extensa institución. No será posible cambiar nuestra casa si partimos del supuesto de que debemos hacerlo solos o teniendo en cuenta la perspectiva de solamente algunos. Contamos con buenos criterios universitarios, pero nuestros procedimientos y sistemas de gestión no son aptos para operar en la escala que hoy se necesita. Nuestros parámetros académicos, que deben ser exigentes, requieren de nuevas formas organizativas, las actuales fueron pensadas para la institución más pequeña y menos compleja de algunas décadas atrás.

Para producir los cambios imprescindibles se requiere que las casas de altos estudios sean capaces de producir planeamientos racionales y multidimensionales, que eviten improvisaciones y que aseguren la interconexión de las partes. Debemos utilizar al máximo los propios recursos, tanto intelectuales como materiales, pero también el aporte de los mejores asesores y técnicos que encontremos en el país y en el extranjero. Es cierto que nuestros medios económicos son escasos, pero con inteligencia y una mejor organización podremos acceder a nuevas fuentes de financiamiento para avanzar.

La Universidad puede tener muchos alumnos, pero debe brindarles opciones formativas mucho más diversas, capaces de contemplar las reales necesidades de educación superior de cada uno. En nuestra Universidad se dicta un elevado número de cursos, en una extensa variedad de disciplinas, que pueden complementarse y combinarse de diferentes maneras para formar parte de nuevos planes de estudios, tanto de grado como de posgrado. Deberemos crear la unidad técnica que haga los estudios pertinentes, ponderando los recursos académicos disponibles, los distintos avances científicos y disciplinarios y las aceleradas transformaciones del mundo laboral. Es indispensable disponer de un listado lo más completo posible de los títulos universitarios que la UBA puede ofrecer.

Son numerosas las acciones a realizar y algunas necesitarán de condiciones externas para ejecutarse. No obstante, lo medular de una reforma que se quiere de verdad no tiene que esperar cambios exteriores para empezar a producirse. El ímpetu necesario sólo puede provenir de la independencia respecto de las inercias que acostumbran al estancamiento. Es preciso que el debate de las políticas universitarias adquiera la dimensión de las grandes pasiones colectivas. La reforma es un acto fundamental de política universitaria, imposible sin el real compromiso de muchos y sin el desinteresado desprendimiento respecto de fines menores.

La autonomía de la Universidad respecto de cualquier poder o interés sectorial, económico, político, confesional u otro cualquiera, debe ser plenamente ejercida para cumplir su misión, que es llevar el conocimiento tan lejos como el talento y la ética sean capaces de llevarlo. Por eso nuestra Universidad es pública, porque en ella se cultivan la razón y la ética, públicas en su carácter universal, no supeditadas a beneficio privado alguno. Este principio es la piedra angular sobre la que las políticas universitarias modernas sostienen la formación de la juventud para hacer las ciencias, desarrollar y aplicar las tecnologías, cultivar las artes, afirmar la cultura y discernir en todo aquello que permita al pensamiento, la creatividad y el accionar humanos lograr sus más altos resultados.



12. GESTIONES NUEVAS PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS.(15)


En países como el nuestro, donde con frecuencia no se elige al más idóneo para desempeñar una tarea, y que no concede a la ciencia una importancia acorde con nuestras aspiraciones de progreso, es fácil que las universidades sean vistas como una mera ocasión de pingües negocios. Pero confundir a las universidades con empresas económicas es ignorar su función específica en las sociedades modernas, que el principio de autonomía universitaria debe preservar. La gran virtud de la reforma universitaria de 1918 fue conceder la responsabilidad de gobernar la universidad a los mismos universitarios, a través de órganos colegiados, representativos y autónomos. Se quiso así asegurar la libertad de la inteligencia respecto de condicionamientos e intereses políticos, religiosos, económicos e ideológicos, indeseables para la sana y pujante actividad científica y académica que es indispensable en cualquier país que se quiere soberano y próspero.

Sin embargo, para cumplir con esta misión, nuestras universidades nacionales necesitan modernizar sus gestiones, dotándolas de los sistemas de planeamiento y de administración más actualizados y tecnologizados que nuestro tiempo ha producido. Muchos pasos se han dado en esta dirección, pero es un hecho que una de las más graves consecuencias de la continuada escasez de recursos es la todavía insuficiente actualización de nuestros sistemas de gestión.

El tema es de importancia clave para salvaguardar el papel fundamental de las universidades públicas en el país. Un ejemplo paradigmático lo ofrece la detención que sufrió el proceso de reforma de la Universidad de Buenos Aires, promovido en su momento por el actual Rector y que contó con el unánime apoyo del Consejo Superior para su lanzamiento. El propósito inicial de realizar una reforma integral se transformó en una serie de procesos separados unos de otros que se llevaron a cabo en distintas partes de la universidad, elogiables por cierto, pero desprovistos del alcance pretendido.

No fue falta de claridad ni de voluntad política acerca de qué debíamos hacer. Existían coincidencias generales más que suficientes para avanzar hacia una verdadera revolución en la educación superior en la Argentina, pero carecíamos de la organización, de los procedimientos y de los apoyos técnicos adecuados para llevar a cabo una empresa de semejante envergadura y complejidad.

Para ilustrar: entre otras limitaciones, no se disponía de una base de datos informatizada del conjunto de enseñanzas que la Universidad de Buenos Aires estaba en condiciones de brindar, que hiciera manejable el cúmulo de informaciones a tener en cuenta. En consecuencia, no era posible estudiar de manera sistemática todas las posibilidades de complementar la extensión y diversidad de la oferta de cursos, tanto disponible como potencial, de nuestra vasta universidad.

Los órganos colegiados que gobiernan nuestras universidades deben deliberar, tratando los temas con profundidad y procurando consensos en la definición de las políticas universitarias. La lógica parlamentaria con que se lleva a cabo esta tarea es necesariamente demorada y debe preservarse, pero sin trasladarla a las actividades de gestión ejecutiva, que deben ser ágiles, instrumentalmente idóneas, ejercidas por funcionarios cuidadosamente seleccionados por su oficio y por sus calificaciones, especializados en gestión universitaria. Esta distinción entre las instancias de decisión de las políticas académicas y las encargadas de su ejecución administrativa y técnica, se impone con nitidez en todo el mundo. Es cierto que los objetivos de la Universidad van más allá del lucro y de la eficiencia productiva, pero su misión de preservar y potenciar la libertad de las inteligencias requiere que nuestros universitarios dispongan de los mejores instrumentos de gestión que nuestra civilización ha producido.



13. NUESTRO SISTEMA DE TITULACIONES REQUIERE CAMBIOS.(16)


Muchos pensamos que la Universidad de Buenos Aires necesita una reforma estructural, pero, ¿qué es estructural?. Digamos, para simplificar, que son estructurales aquellos elementos cuyas características condicionan de manera fundamental todo el resto. Uno de los que revisten tal importancia es el sistema de titulaciones, especialmente si se considera cuánto tarda un estudiante para obtener un título.

Nuestro sistema de titulaciones no facilita como debería la relación con el sistema universitario internacional. Para la admisión a doctorados o maestrías en el mundo anglosajón, por ejemplo, alcanza un título de Bachelor, que se obtiene tras tres o cuatro años de estudios universitarios regulares. No obstante, nuestros estudiantes que quieren cursar esos posgrados deben completar primero, en nuestro país, carreras que tienen una duración no menor a los cinco o seis años. En consecuencia, quienes se van al norte a perfeccionarse lo hacen con un atraso de por lo menos dos años respecto a lo que es común en ese sistema. Una manera de evitar este perjuicio sería otorgar títulos universitarios, académicos, a los tres o cuatro años de universidad, equivalentes al bachelor extranjero. Con esos títulos los estudiantes tendrían la posibilidad de acceder tanto a nuestras carreras que llevan a títulos habilitantes, como a maestrías y doctorados. Pero antes que otra cosa, contar con títulos equivalentes al bachelor estimularía la actualización y el desarrollo de nuestro sistema de doctorados y maestrías.

Más allá de que en varias facultades se implementan muy buenos doctorados, nuestra matriz reglamentaria general sigue haciendo de los doctorados algo más apto para que se titulen investigadores ya formados hace años que para que se formen los más jóvenes. Nuestro sistema de titulaciones no promueve suficientemente los doctorados estructurados en los que un estudiante se capacita como investigador a lo largo de cuatro o cinco años. Sin embargo, este tipo de doctorados es fundamental para el crecimiento cualitativo de nuestra universidad mirando al futuro.

Por otra parte, las normas privilegian en nuestras carreras de magister (master) la formación académica antes que la profesional. A esta última destinamos nuestros títulos de grado, que son los que habilitan para el ejercicio de una profesión, y las carreras de especialización de posgrado. No obstante, las carreras más definidamente académicas en el resto del mundo son los doctorados, no las maestrías. En general, en el contexto internacional las maestrías están predominantemente destinadas a capacitar profesionales en un sinnúmero de especialidades. Por eso debemos cuidarnos, en los concursos docentes por ejemplo, de conceder a los títulos de master obtenidos en el extranjero un valor mayor que el que realmente tienen. Por más que sean de universidades muy buenas, es probable que en ellas la carrera propiamente académica transite por los doctorados, no por las maestrías. Además, el hecho de que los campos laborales se diversifiquen vertiginosamente estimula una acelerada proliferación de maestrías de todo tipo y características. Nuestro país no es una excepción, aquí también se ha generalizado la idea de que para perfeccionarse profesionalmente hay que hacer maestrías.

Algunos hechos hacen pensar que no estamos atendiendo a estas circunstancias de manera adecuada. Uno de ellos es que muchos de nuestros graduados van a hacer maestrías en otras universidades, tanto públicas como privadas, en áreas donde la UBA podría ofrecerlas, y muy buenas. Otro, correlativo del anterior, es que muchos de nuestros más destacados docentes prefieren enseñar en maestrías en otras universidades, en lugar de hacerlo en la nuestra.

A mi modo de ver, deberíamos ser más ágiles en diversificar nuestras maestrías y en llevar a los doctorados a quienes se proponen realizar carreras más académicas que profesionales. Pero hacer cosas como éstas supone cambios en nuestro sistema de titulaciones y en los criterios con que planificamos nuestros grados y nuestros posgrados.



14. EL DIPLOMA UNIVERSITARIO, ALGO MÁS QUE UN TÍTULO NOBILIARIO.(17)


Los títulos nobiliarios ya no tienen la misma utilidad que tenían en otras épocas, ¿tendrán los títulos universitarios en Argentina un destino similar?. Se supone que el diploma universitario prueba que se poseen las capacidades intelectuales y la formación general mínimas requeribles para determinado empleo, pero ya no es suficiente. Ahora se pide que el postulante muestre antecedentes más precisos: estudios de posgrado especializados o experiencias laborales específicas. A menudo se seleccionan personas que poseen estas últimas y que carecen de títulos universitarios.

Desde hace mucho tiempo decimos que no necesitamos tantos abogados, médicos, psicólogos ni licenciados en ciencias de la comunicación porque el mercado laboral no requiere estos profesionales en el número en que se gradúan. En cambio, hoy hacen falta profesionales en una extensa serie de nuevas especialidades y subespecialidades, además de un vasto número de ciudadanos con formación universitaria buena y polivalente, cada vez más requerida por los empleadores.

Si bien muchos de los profesionales de las carreras clásicas y superpobladas hacen valer sus títulos como prueba de competencias generales, es necesario que el sistema educativo tenga más en cuenta las transformaciones habidas en los sistemas de producción, de servicios y culturales.

En líneas generales, se necesitan títulos universitarios más generalistas y polivalentes en un primer ciclo y un número más diversificado de especialidades en un segundo ciclo. Por eso los estudios para la reforma curricular de la Universidad de Buenos Aires alientan una limitación de las especializaciones en los estudios de grado, junto a la creación de títulos intermedios, así como el acortamiento en varios casos de los estudios de grado y una oferta más variada de posgrados.

Las duraciones de los distintos ciclos, además, deben corresponderse con las habituales en el contexto universitario internacional, a fin de facilitar los intercambios y la circulación de nuestros universitarios en el mundo. Es entonces necesario que se combine mejor el planeamiento de los niveles de grado y de posgrado, respondiendo a una estrategia de desarrollo integral de la educación superior que actualmente falta.

La modernización de la universidad argentina requiere también que los títulos sean buscados menos como blasones y más como instrumentos para producir y utilizar conocimientos. Es una de las cosas a tener en cuenta para una reforma general de nuestro sistema de carreras y titulaciones, que todavía no contempla tanto como debería, los cambios que se han producido en la última década en las ciencias, en las universidades, en el mundo del trabajo y en la estructura económica y social de nuestro país.



15. NUEVAS CARRERAS UNIVERSITARIAS PARA CRECER.(18)


Las universidades tendrán en este tiempo una importancia fundamental para lograr un mayor aprovechamiento de las capacidades intelectuales de nuestra sociedad. Para hacerlo necesitarán planificar e implementar, entre otras cosas, un nuevo sistema de carreras y titulaciones de alcance nacional. La Universidad de Buenos Aires ha dado pasos en esa dirección con su proyecto de una reforma curricular integral, pero la tarea permanece aún sin realizar.

Es común escuchar que los currículos de nuestras carreras de grado son demasiado largos y que deben acortarse a no más de cuatro años. Se espera también que las habilitaciones para ejercer las profesiones sean siempre obtenidas con los títulos de grado, sin requerir posgrados. Esta exigencia es alimentada, entre otras circunstancias, por la idea de que la gratuidad de la educación no debe alcanzar a los posgrados. Desafortunadamente, el esfuerzo por “comprimir” los planes de estudios para que sean breves y contengan a la vez todo lo necesario encuentra a menudo obstáculos insalvables.

Conviene advertir que aquello que nosotros denominamos “grado” incluye, en la mayor parte del mundo, el grado y buena parte del posgrado. Como veremos, la clave del problema que enfrentamos reside en el “molde” mismo de nuestras carreras, proveniente de la vieja universidad napoleónica. Éste consiste en cursos que comienzan con el ingreso a la universidad y que culminan, tras cinco o seis años de estudios “de grado” (nuestras “carreras mayores”), con la obtención de un título que asegura formación suficiente para el desempeño profesional. En la mayor parte del mundo este “grado largo”, que conduce a un solo título, hace ya tiempo fue dividido en ciclos, por lo menos uno de grado y otro de posgrado, al final de los cuales se otorgan sendos diplomas.

En los Estados Unidos, por ejemplo, se puede obtener un Bachellor y un Master en el mismo tiempo en que se cursan nuestras viejas carreras. En Francia sucede algo similar, allí se obtiene un Diploma de Estudios Universitarios Generales (DEUG) a los dos años y otro de Estudios Profundizados (DEA), o Superiores Especializados (DESS) a los cinco; una Licenciatura puede conseguirse a los tres años y un Master también a los cinco. En el mundo en general, y en excelentes universidades, para ingresar a un doctorado alcanza con haber realizado un grado de no más de cuatro años, y es normal doctorarse tras no más de ocho años de estudios universitarios, en total.

Los títulos de grado hoy tienden a ser más polivalentes que los de nuestras carreras, permitiendo acceder a una gama más amplia de posgrados. Salvo en áreas profesionales para las que es posible capacitar en un corto tiempo, estos primeros títulos tienen comúnmente un valor sólo académico. Además, para responder mejor a la actual proliferación de intersecciones entre las más distintas disciplinas, en un grado de tres o cuatro años es posible combinar con flexibilidad contenidos cada vez más diversos. Respecto a los posgrados (las maestrías, por ejemplo), se pueden finalizar a la misma edad en que se concluyen nuestras carreras mayores y brindan habitualmente una mayor especialización que estas últimas.

En resumen: todo indica que nuestras carreras no precisan ser acortadas sino divididas en ciclos, al menos uno de grado y otro de posgrado. Esta reforma ofrecería, con los mismos recursos presupuestarios, una formación básica más flexible y polivalente y una capacitación más afinada en las experticias que el mundo laboral de hoy requiere. De esta manera, para obtener sus títulos, nuestros estudiantes no tendrían que estudiar más años que los requeridos en otros países.

Debe destacarse la urgente necesidad de políticas de Estado que aseguren el financiamiento de la formación de nuestra juventud en las vanguardias del conocimiento. Eso requiere fuerte inversión en investigación científica y en formación de posgrado, que en la universidad necesariamente se combinan. El crecimiento de los posgrados no puede quedar librado simplemente a las conveniencias del mercado, que son siempre coyunturales y nunca estratégicas, incapaces de satisfacer las necesidades educativas de una sociedad que quiere construir un país mejor con su propia inteligencia.



Referencias:


1. La palabra “universitar” nace de advertir el papel esencialmente activo de la universidad en esta época. Como todo verbo, supone un sujeto (¿quién ”universita”?), de modo que el neologismo invita a interpelarnos acerca de las responsabilidades que nos caben en las funciones que la universidad cumple en el mundo.

2. Publicado con el título “Si el gobernante ama la cultura...”. La Nación, sección Notas, 27/10/1998.

3. Publicado en “Psicología. Publicación mensual informativa”, Facultad de Psicología, UBA, Año 9, Nº 78, agosto de 1999.

4. Acuerdo de gobierno para la reforma de la Universidad de Buenos Aires (1995), celebrado en Colón, provincia de Entre Ríos.

5. Publicado en La Nación, sección Notas, 26/5/2000.

6. Publicado en La Nación, sección Notas, 22/12/2001.

7. Publicado en La Nación, sección Notas, 12/1/2001.

8. Discurso en la inauguración del Centro de Estudios de Posgrados de las Facultades de Ciencias Económicas y Psicología de la Universidad de Buenos Aires, el 31 de mayo de 2001. Publicado en “Psicología. Publicación mensual informativa”, Facultad de Psicología, UBA, Año 11, Nº 95, junio de 2001.

9. Gran Diccionario de la Lengua Castellana (de Autoridades) por Aniceto de Pagés, Tomo III, pág. 72.

10. Jeffrey Sachs. Diario La Nación del 29/5/01, pág.17.

11. Publicado en “Psicología. Publicación mensual informativa”, Facultad de Psicología, UBA, Año 11, Nº 98, septiembre de 2001.

12. Presentación, el 20 de septiembre de 2001, de la "Cátedra abierta en defensa de la Universidad pública". Publicada en “Psicología. Publicación mensual informativa”, Facultad de Psicología, UBA, Año 11, Nº 99, octubre de 2001.

13. Publicado en “Psicología. Publicación mensual informativa”, Facultad de Psicología, UBA, Año 9, Nº 79, septiembre de 1999.

14. Versión original del texto publicado con el mismo título en La Nación, sección Notas, 27/12/ 1999.

15. Publicado en Clarín, 14/8/2001, sección Opinión, pág. 25, con el título “Universidad: modernizar la gestión”, y en “Psicología. Publicación mensual informativa”, Facultad de Psicología, UBA, Año 11, Nº 97, agosto de 2001.

16. Publicado en “Psicología. Publicación mensual informativa” con el título “Nuestro sistema de titulaciones requiere revisiones”, Facultad de Psicología, UBA, Año 10, Nº 84, mayo de 2000.

17. Publicado en La Nación, 22/7/2001, sección 9, pág. 6.

18. Publicado con el título Carreras universitarias, ¿acortarlas o dividirlas?, en “Psicología. Publicación mensual informativa”, Facultad de Psicología, UBA, Año 11, Nº 101, diciembre de 2001; y en La Razón, sección UBA, 30/11/2001, pág. 4.


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